Una indagación sobre la causa del problema que puso al país de 61 entre 65 en las pruebas Pisa.
Ni calidad, ni cobertura
Jorge Ramírez Vallejo es pereirano de nacimiento. Se graduó en el célebre Colegio Calasanz de su ciudad nativa. Desde hace seis años es miembro del cuerpo de profesores de la legendaria Universidad de Harvard, como investigador e instructor en la Escuela de Negocios, y ha sido consultor de diez países, empezando por Estados Unidos. Es, además, catedrático en la Universidad de los Andes.
El profesor Ramírez me dice que, “en cuanto hace a cobertura de educación preescolar, media y superior, y a su calidad, la situación de nuestro país es muy triste”. La cobertura consiste en ampliar las posibilidades para que se eduque la mayor cantidad posible de gente. El Gobierno se propuso aumentarla en un 50 por ciento, pero lo que hizo fue embutir más alumnos en las mismas aulas de antes, sin ampliar instalaciones ni contratar más profesores. Entonces fue el caos.
Aun así, 50 por ciento de crecimiento de cobertura en educación superior ni siquiera es considerable: está por debajo de países del vecindario, como Cuba, Venezuela, Argentina, Uruguay y Chile.
Y en calidad, da pena reconocer que solo el 10 por ciento de las instituciones superiores colombianas –universitarias o similares– cuenta con acreditación de alta calidad. Muy pocas de ellas aparecen en los escalafones mundiales, al contrario de lo que ocurre con Chile, Brasil, México o Argentina.
Primera falla: los profesores
Entonces, se pregunta uno, oyendo la letanía de los que saben, ¿a qué se debe que la educación colombiana sea mala?
–A varios factores –me contesta el profesor Ramírez Vallejo–. En primer lugar, la baja calidad de los profesores. Parte de ello obedece a que no se puede medir su desempeño porque pertenecen al antiguo estatuto de contratación de maestros estatales, que impide su evaluación.
Salí a averiguar qué diablos es eso. Resulta que en Colombia la carrera de docente oficial, para colegios y universidades, se rige por dos normas distintas: un decreto de 1979, que ya tiene 35 años de viejo, conocido como “el estatuto antiguo”, y la Ley 715 del 2001, “el nuevo estatuto”. Esa ley creó un sistema por el cual al maestro se le paga según su calidad y su desempeño en el trabajo, medidos por evaluaciones periódicas.
–Lo malo –añade Ramírez– es que la gran mayoría de profesores pertenece al estatuto antiguo, anterior al 2001, lo cual impide la evaluación y obliga a que el salario de un maestro no se determine por su capacidad sino por su antigüedad. Es que los viejos profesores no aceptaron que la reforma fuera retroactiva y, en consecuencia, a ellos no se los puede evaluar. Lo más grave es que, según el Consejo Privado de Competitividad, tendremos que esperar 25 años más para que se retire el último de los profesores del estatuto antiguo.
–También es cierto –añade el profesor Pedro Bossio de la Espriella– que las universidades privadas, por su parte, están contratando profesores externos, sin raíces en la institución ni vínculos con ella, para poder pagarles unos sueldos miserables.
A su turno, el presidente de la Federación Colombiana de Educadores, Luis Alberto Gruber, le echa a la politiquería el muerto de la mala calidad de la docencia. “Ser profesor es el escampadero de más de un desempleado”, dice el señor Gruber. Aquí nombran maestro a cualquiera que tenga un padrino político.
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